La nueva ley de educación (LOMLOE) elimina la demanda social y permite distribuir a los alumnos por centros, reduciendo significativamente la capacidad de elección de las familias del colegio que quieren para sus hijos, siendo este un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, esta ley devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial y los colegios concertados.